Congreso peruano aprueba inhabilitación de dos miembros de la JNJ

8 de marzo de 2024 Hora: 01:05

El Pleno del Congreso peruano aprobó el jueves la inhabilitación y la suspensión de sus funciones a dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el marco del enfrentamiento entre el ente legislativo y la institución judicial.

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La iniciativa respaldada por las fuerzas políticas de derecha incluye acusar constitucionalmente a los integrantes de la JNJ, Inés Tello y Aldo Vásquez que tras la inhabilitación no podrán ocupar cargos públicos por 10 años.

Los dos miembros de la JNJ fueron acusados de cometer una supuesta infracción constitucional relacionada al límite de edad para ser integrante del ente judicial.

Cumpliendo su labor constitucional de control político, el Congreso aprobó inhabilitar por 10 años de la función pública a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. pic.twitter.com/Brs1zedvbn

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March 8, 2024

Según la acusación, la JNJ no respetó «la naturaleza del límite superior de edad de 75 años» que prevé la ley para integrar el órgano de justicia con el fin de beneficiar a uno de sus integrantes.

El actual vicepresidente de la JNJ, Aldo Vásquez y la magistrada Inés Tello recibieron 67 votos a favor de la sanción. Se requerían un mínimo de 66 para aprobar el pedido de inhabilitación.

#CongresoInforma I Con 67 votos a favor, el #PlenoDelCongreso aprobó el proyecto de resolución legislativa que inhabilita por 10 años de toda función pública a Aldo Alejandro Vásquez Ríos, integrante de la Junta Nacional de Justicia. pic.twitter.com/fQvZ3Ga7bk

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March 8, 2024

Las acciones emprendidas por los partidos de derecha en el Congreso que buscaba suspender a toda la JNJ, había recibido el rechazo popular y despertado críticas de organizaciones internacionales como la ONU.

«EL JNJ de Perú es un actor central para garantizar la independencia judicial, la separación de poderes y el estado de derecho», señaló la oficina de Derechos Humanos de la ONU en la red X.

La función de la JNJ es nombrar, evaluar y sancionar a jueces, fiscales y autoridades del sistema electoral peruano.